La Corte Suprema de Justicia, en su búsqueda por la transparencia y la lucha contra la corrupción, aplicando las convenciones internacionales en la materia, toma la iniciativa de reglamentar el deber constitucional de presentación de declaraciones juradas a través de la Resolución Nº 2783, para su efectivo cumplimiento, ante la Contraloría General de la República, de todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
La declaración jurada de bienes es un documento que permite a los funcionarios públicos presentar datos certeros sobre los bienes patrimoniales que posee para desempeñarse en la actividad pública, tales como casas, vehículos, ingresos y egresos, y otros tipos de pertenencias así como lo estipula la Constitución Nacional.
Este documento se debe presentar cuando hay nombramiento y actualizar en caso de ascenso, recategorización o traslado. En los casos de renuncia a la función judicial, el funcionario saliente debe presentar la actualización. Esto se debe realizar en un plazo de entre 10 y 15 días después de la notificación correspondiente.
Los funcionarios que no han cumplido con la declaración jurada deben regularizar su información dentro de un plazo no mayor a 30 días y presentar la constancia de la Contraloría General de la República en copia autenticada, ante la Sección Legajos de la Dirección de Administración y Control de Personal, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia.
